Asesinato de Berta Caceres: condenan a mas de 22 años de prision a ejecutivo de represa a la que se oponia
Tegucigalpa – La justicia de Honduras condeno este lunes a 22 años y seis meses de prision al hondureño Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Caceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019.
La condena contra Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energeticos S.A (DESA), firma que pretendia construir la represa hidroelectrica Agua Zarca, a la que se oponia Caceres, fue dictada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdiccion Nacional.
Segun la sentencia, Castillo fue condenado como “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y debera cumplir su condena en la Penitenciaria Nacional, la principal carcel del pais, en el norte de Tegucigalpa.
Caceres fue asesinada a pesar de contar con medidas cautelares de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) despues de denunciar multiples amenazas de muerte, por oponerse a la construccion de una hidroelectrica sobre el rio Gualcarque, que afectaria a los integrantes del pueblo lenca.
El Tribunal dicto tambien “las penas accesorias de inhabilitacion absoluta” mientras dure la condena y ordeno que el condenado “trabaje por el tiempo de la sentencia” en la Penitenciaria Nacional.
“Se declara al condenado responsable civilmente, lo que sera objeto de casacion en la fase de discusion de esta sentencia”, subrayo el juzgado hondureño.
La portavoz del poder Judicial, Lucia Villars, dijo a periodistas que las defensas tienen 20 dias para presentar un recurso de casacion, el que podria ratificar o modificar la sentencia y ordenar que se repita el juicio.
En diciembre de 2019, un tribunal de Honduras condeno a cuatro de ocho acusados a 34 años de prision por el asesinato de Caceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de carcel, como coautores del crimen.
DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista era coordinadora general, y la familia de Caceres.
